Resumen: Según un informe de FADA, en junio de 2025 el Estado argentino se quedó con el 63,6% de la renta agrícola generada por los productores. A pesar de una baja temporal en las retenciones, la caída de los precios internacionales de los granos elevó el peso relativo de los impuestos. Esto significa que, tras pagar insumos, alquileres y costos, los productores destinan más de la mitad de sus ingresos al pago de tributos.
El caso del trigo es el más crítico: con un precio que cayó un 28% respecto a junio de 2024, los impuestos representan el 78% de la renta del cultivo. Para mejorar márgenes, se necesitaría un valor de USD 220 por tonelada, pero el precio ronda los USD 200. En otros cultivos, el Estado se queda con el 65,9% en soja, 53,4% en maíz y 63,2% en girasol. Si vuelven a aplicarse plenamente las retenciones, el promedio fiscal nacional subiría al 67%.
El informe también detalla que el 63,8% de los tributos pagados por el agro son impuestos nacionales no coparticipables, es decir, no vuelven a las provincias. Solo el 6,8% corresponde a impuestos provinciales y el 1% a tasas municipales. Esto plantea un fuerte desequilibrio en la distribución fiscal.
Por provincias, Entre Ríos encabeza el ranking con una presión impositiva del 69,1%, seguida por Córdoba (64%) y La Pampa (62%). Las diferencias se explican por la estructura impositiva local y los costos de producción, incluyendo impuestos como Ingresos Brutos, guías cerealeras o tasas municipales, que se aplican de forma desigual según la jurisdicción.
Nota Completa
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Según un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), en junio de 2025 el Estado se apropia del 63,6% de la renta agrícola generada por los productores. Esta cifra representa un incremento respecto a la medición realizada en marzo, incluso a pesar de la baja temporal de los Derechos de Exportación (DEX).
“Para producir es necesario pagar diferentes costos: las semillas, los fertilizantes, los salarios, fletes, seguros, etc. Una vez que se cosecha, se vende el cultivo. La plata que queda después de pagar los costos se divide en tres: el valor de quienes alquilan la tierra para producir (26,6%), la ganancia (9,8%) y los impuestos que se pagan (63,6%)”, explicó Nicolle Pisani Claro, Economista Jefe de FADA.
Este índice busca reflejar cuánto pesan los impuestos sobre quienes trabajan la tierra. En esta oportunidad, la caída de los precios internacionales de los granos influyó en el aumento del peso fiscal. Pisani Claro explicó en el programa radial Chacra Agro Continental que, a pesar de la baja en las retenciones, la drástica disminución en los precios de los cultivos redujo el valor total de la producción, haciendo que los impuestos tengan un peso proporcional mayor.
Drástica caída en el precio de la producción
El caso del trigo es ilustrativo. A junio de 2025, su precio se encuentra un 20% por debajo del promedio de los últimos cinco años, y un 6% más bajo que en la medición de marzo de este año. En comparación con junio de 2024, la caída del precio es del 28,2%.
“Si los precios son menores, la renta del productor también es menor, porque recibe menos dinero por los granos que vende. Sin embargo, sigue pagando los mismos impuestos. Por eso el peso del Estado es mayor”, señaló Pisani Claro.
En este contexto, la campaña triguera enfrenta un panorama complejo. “No es alentador”, advierte el informe. Con la caída del precio y el incremento de algunos insumos, el índice fiscal para el trigo se dispara al 78%. Para mejorar los márgenes, se necesitaría un precio local cercano a los USD 220 por tonelada, pero actualmente está en torno a los USD 200.
Carga impositiva por cultivo
El informe de FADA también detalla el peso específico de los impuestos en distintos cultivos. En el caso de la soja, el Estado se queda con el 65,9% de la renta; en el maíz, con el 53,4%; en el trigo, con el 78,2%; y en el girasol, con el 63,2%. Con la finalización de la reducción temporal de DEX —que se mantiene solo para el trigo— se espera que estos porcentajes se incrementen. De aplicarse nuevamente las retenciones al resto de los cultivos, el promedio nacional escalaría al 67%, con una suba en soja al 70%, en maíz al 56% y en girasol al 67%.
De todos los impuestos que se pagan por una hectárea agrícola, el 63,8% corresponde a tributos nacionales no coparticipables, es decir, que no regresan a las provincias. El 28,4% son impuestos nacionales coparticipables, un 6,8% corresponde a gravámenes provinciales y el 1% restante a tributos municipales.
Diferencias entre provincias
Aunque el índice nacional se ubica en 63,6%, existen diferencias según la provincia, en función de costos, niveles de producción e impuestos locales. Córdoba registra un 64%, Buenos Aires 59,7%, Santa Fe 58,6%, La Pampa 62%, Entre Ríos 69,1% y San Luis 61,1%.
En todas las jurisdicciones se paga impuesto inmobiliario rural y tributo a los sellos por compraventa de granos. Algunas provincias, como Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, también aplican Ingresos Brutos con distintos porcentajes. En cambio, Córdoba y Santa Fe eximen a la actividad.
Además, Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, La Pampa aplica guías cerealeras, y San Luis y La Pampa suman tributos con características similares a aduanas internas. Córdoba, San Luis y Entre Ríos, por su parte, no tienen cargas municipales.
“Cada una de estas provincias enfrenta realidades distintas en cuanto a sus rindes, estructura de costos e impuestos, lo que explica la variabilidad de estos resultados”, concluyó Pisani Claro.
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El Regional 
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