Resumen: El Gobierno nacional eliminó las tarifas de referencia para el transporte automotor de granos, oleaginosas y derivados, según lo establece la resolución 48/2025 publicada en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el secretario de Transporte Luis Octavio Pierrini, apunta a profundizar la desregulación y simplificación del Estado. La Sociedad Rural Argentina celebró la decisión, mientras que sectores transportistas expresaron reparos.
El esquema derogado había sido creado en 2016 e implicaba la participación de cámaras empresarias, entidades agrarias y el Estado en una mesa de negociación que fijaba valores orientativos para los fletes, consignados en la Carta de Porte. Con los años, varias instituciones como Fadeeac y SRA se retiraron, al considerar que los costos debían definirse en el marco de acuerdos privados y no bajo supervisión estatal.
Desde la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas se argumentó que los valores de referencia terminaron generando confusión y acuerdos divergentes. En paralelo, el sector privado ya había avanzado en entendimientos propios: en marzo de 2025, transportistas y dadores de carga consensuaron un nuevo cuadro tarifario nacional. Con esta derogación, la formación de precios en el transporte agropecuario quedará exclusivamente en manos del mercado.
Nota Completa
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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, resolvió eliminar los esquemas tarifarios de referencia que regían para el transporte automotor de cereales, oleaginosas y derivados. La decisión, formalizada en la resolución 48/2025 publicada en el Boletín Oficial, busca “profundizar la desregulación, desburocratización y simplificación del Estado nacional”.
La medida, firmada por el secretario de Transporte Luis Octavio Pierrini, recibió el respaldo de entidades de la producción como la Sociedad Rural Argentina (SRA), aunque generó reparos entre transportistas.
Un cambio de rumbo en la regulación
El sistema de tarifas de referencia se había establecido en 2016 con la resolución 8 de la entonces Secretaría de Gestión de Transporte. Desde entonces, funcionaba una “Mesa de Negociación Participativa” en la que participaban cámaras empresarias, entidades agrarias y representantes del Estado, encargada de definir valores orientativos que luego debían consignarse en la Carta de Porte para el Transporte Automotor de Granos.
Ese esquema sufrió modificaciones posteriores en 2018 y 2019, y en 2023 derivó en la creación de una “Mesa de Trabajo” ampliada, que incluía a cámaras de transporte (Fetra, Catac, Fadeeac, Faetyl) y a entidades del agro (FAA, Coninagro, SRA, CRA). Sin embargo, con el tiempo varias instituciones comenzaron a retirarse.
La Faetyl fue la primera en anunciar su salida, al señalar que no representaba a empresas vinculadas al transporte de granos. Más tarde, la Fadeeac también comunicó su decisión de no participar, al advertir que la transparencia de los costos debía derivar en negociaciones directas entre transportistas y dadores de carga, sin intervención estatal. La propia SRA se pronunció en el mismo sentido: “La mejor política es respetar la libertad de mercado y la capacidad de los privados para acordar sus condiciones comerciales”.
Argumentos oficiales
En su análisis, la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas (DNTAC) admitió que los valores de referencia habían generado “diversas interpretaciones” y, en algunos casos, acuerdos divergentes. “El propósito era orientador y no vinculante, pero terminó siendo fuente de confusión”, señaló.
Por ello, recomendó la derogación de las resoluciones de 2016 y 2023 y defendió la eliminación de “barreras regulatorias que atentan contra la libertad económica”.
Acuerdos privados en marcha
En paralelo a la discusión normativa, el sector privado ya había avanzado en sus propios entendimientos. El pasado 10 de marzo, transportistas y dadores de carga firmaron un Acta Acuerdo que fijó de común acuerdo un nuevo cuadro tarifario de alcance nacional para el transporte automotor de la producción agropecuaria.
Con esta medida, el Gobierno apuesta a que la formación de precios en el sector quede exclusivamente en manos de transportistas y productores, sin intervención estatal.
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El Regional 
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