Hace unas semanas la legislatura aprobó el proyecto de ley de Trazabilidad Digital de la Yerba Mate, uno de los intentos del gobierno actual de “organizar” el mercado de la yerba mate, tras la fallida etapa de las interminables mesas de productores y molineros del presidente de la Cámara de Representantes, Sebastian Macias. Pese a ser una idea que apunta al largo plazo -capaz para las elecciones del 2027- sigue siendo una respuesta ante la demanda del sector yerbatero.
Entre las búsquedas de otras respuestas legislativas reales frente a la problemática actual desde El Regional decidimos consultar al diputado provincial por La Libertad Avanza, Adrián Núñez, para conocer cuál es su visión sobre el agro misionero y qué propuestas impulsa para el sector. El diagnóstico libertario es que la principal dificultad no pasa por la falta de organismos reguladores sino por el peso de la carga impositiva sobre quienes producen.
“Todo lo que pagas de impuestos es dinero que podes destinar a inversión, trabajo o investigación. Los impuestos elevan costos y hacen que seas menos competitivo. Por eso es clave bajar la presión fiscal en todos los niveles de gobierno”.
La frase resume una de las ideas centrales que impulsa La Libertad Avanza en todo el país: que el Estado debe reducir su intervención sobre la actividad económica y permitir que productores, empresas y cooperativas dispongan de una mayor parte de los recursos que generan.
Más allá de la declaración, la postura del legislador encuentra reflejo en uno de los proyectos de ley que presentó en la Cámara de Representantes. La iniciativa propone modificar el Código Fiscal de Misiones para aclarar el alcance de la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades de producción primaria.
El proyecto busca resolver una situación frecuente dentro del esquema productivo misionero. Actualmente, una gran cantidad de productores comercializa su producción a través de cooperativas, especialmente en actividades como la yerba mate, el té y otros sectores de la agricultura regional. Según los fundamentos de la propuesta, “la normativa vigente puede dar lugar a interpretaciones que generen conflictos sobre qué operación debe considerarse la primera venta exenta del impuesto”.
La modificación establece que cuando un productor entregue su producción a una cooperativa, la primera venta será considerada la realizada por la propia entidad cooperativa. De esta forma se intenta evitar posibles situaciones de doble imposición y otorgar mayor previsibilidad jurídica a los productores asociados.
La iniciativa también incorpora una aclaración para productos que atraviesan procesos básicos de acondicionamiento o conservación. En el caso de la yerba mate canchada o el té negro, por ejemplo, la exención continuaría vigente siempre que esos procesos no impliquen una industrialización del producto.
Detrás de la propuesta aparece una visión económica diferente a la que actualmente impulsa el gobierno provincial para enfrentar la crisis yerbatera. Mientras la reciente Ley de Trazabilidad Digital apuesta a generar información y seguimiento sobre la cadena productiva, el planteo de Núñez se enfoca en reducir costos tributarios para mejorar la competitividad del sector.
La diferencia de enfoques refleja un debate más amplio que atraviesa hoy al agro misionero. Por un lado, quienes sostienen que la crisis requiere mecanismos de organización, regulación y control del mercado. Por otro, quienes consideran que el principal obstáculo para producir sigue siendo la presión fiscal y el exceso de intervención estatal.
En una provincia donde la discusión sobre el futuro de la yerba mate, el té, la forestoindustria y otras economías regionales ocupa cada vez más espacio, la pregunta sigue abierta. La respuesta de Adrián Núñez es clara: para el agro misionero, la libertad económica comienza por pagar menos impuestos.
El Regional 
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